LEY DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
DERECHO NATURAL
RUBEN ORLANDO ALEJO CONDE
LEY Nro. 1818
LEY DE 22 DE DICIEMBRE DE 1997
HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL
DECRETA:
LEY DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
NATURALEZA, GRATUIDAD, SEDE Y ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA INSTITUCIÓN
Artículo 1. NATURALEZA.- El Defensor del Pueblo es una Institución establecida por la Constitución Política del Estado para velar por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas en relación a la actividad administrativa de todo el sector público; asimismo, vela por la promoción, vigencia, divulgación y defensa de los derechos humanos. Tiene por misión, como Alto Comisionado del Congreso, la defensa y protección de las garantías y derechos individuales y colectivos, tutelados por la Constitución Política del Estado y las Leyes.
Artículo 2. PRINCIPIO DE GRATUIDAD.-
I. Todas las actuaciones del Defensor del Pueblo son de carácter gratuito. En el ejercicio de sus funciones, el Defensor del Pueblo estará exento del pago de valores fiscales y cualesquiera otras cargas u obligaciones.
II. Toda persona que realice gestiones ante el Defensor del Pueblo, estará exenta de cualquier pago.
Artículo 3. ACCESIBILIDAD.- Toda persona sin excepción alguna puede acudir al Defensor del Pueblo.
Artículo 4. INDEPENDENCIA.- El Defensor del Pueblo es independiente en el ejercicio de sus funciones y no recibe instrucciones de los poderes públicos.
Artículo 5. SEDE Y ÁMBITO DE COMPETENCIA.- El Defensor del Pueblo tendrá como sede la ciudad de La Paz. Su ámbito de competencia abarca todo el territorio nacional; pudiendo establecer oficinas en cualquier lugar del país, de acuerdo a lo establecido en su reglamento interno.
A efectos de la presente ley, quedan comprendidas en las competencias del Defensor del Pueblo, la administración pública centralizada, descentralizada, entidades autónomas, desconcentradas, gobiernos municipales y todo organismo del Estado, cualquiera fuera su naturaleza jurídica; asimismo, las cooperativas e instituciones privadas que presten servicios públicos.
TITULO II
ELECCIÓN, INCOMPATIBILIDADES, INVIOLABILIDAD Y CASO DE CORTE, ATRIBUCIONES, CESE DE FUNCIONES Y SUSTITUCION
CAPITULO I
ELECCIÓN
Artículo 6. ELECCIÓN.- El Congreso Nacional elegirá al Defensor del Pueblo por dos tercios de votos de los miembros presentes. Ejercerá sus funciones por cinco años y puede ser reelecto por una sola vez.
Artículo 7. PROCEDIMIENTO PARA ELECCIÓN.- La Comisión Mixta de Constitución, Justicia y Policía Judicial del Congreso Nacional, recibirá y calificará las propuestas fundamentadas para candidatos al cargo de Defensor del Pueblo, en concurso público, antecedentes y méritos, donde se garantice la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Las organizaciones de la sociedad civil podrán proponer o impugnar nombres a la Comisión.
La Comisión Mixta de Constitución, Justicia y Policía Judicial, por simple mayoría de votos calificará las propuestas recibidas y elevará al Congreso Nacional la nómina y el informe correspondiente para la elección de Defensor del Pueblo.
Dentro de los treinta días siguientes al pronunciamiento de la Comisión Mixta de Constitución, el Congreso Nacional elegirá al Defensor del Pueblo. En caso de no alcanzarse la votación requerida en la primera elección, deberá repetirse el procedimiento en un plazo de quince días, y así sucesivamente cuantas veces sea necesario.
Artículo 8. REQUISITOS PARA SU DESIGNACIÓN.- Para ejercer las funciones de titular del Defensor del Pueblo, de acuerdo con el artículo 128 de la Constitución Política del Estado, se requiere:
a) Ser boliviano de origen y haber cumplido los deberes militares. b) Tener como mínimo treinta y cinco años de edad.
c) Estar inscrito en el Registro Electoral. d) No haber sido condenado a pena corporal, salvo rehabilitación concedida por el Senado Nacional, ni tener pliego de cargo o auto de procesamiento ejecutoriados, ni estar comprendido en los casos de exclusión y de incompatibilidades establecidos por Ley.
CAPITULO II
INCOMPATIBILIDADES, INVIOLABILIDAD Y CASO DE CORTE
Artículo 9. INCOMPATIBILIDADES.- El ejercicio del cargo de Defensor del Pueblo es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, privada o partidaria, con remuneración o sin ella, exceptuándose la actividad docente universitaria.
El Defensor del Pueblo no podrá postular a cargos electivos durante los cinco años posteriores al cese de sus funciones. El Defensor del Pueblo deberá cesar, dentro de los diez días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión, de toda situación de incompatibilidad que pudiera afectarle, entendiéndose en caso contrario que no acepta al cargo.
Si la incompatibilidad sobreviniere una vez posesionado como Defensor del Pueblo, se entenderá que renuncia al cargo de Defensor en la fecha en que aquella se hubiere producido.
Artículo 10.- INVIOLABILIDAD Y CASO DE CORTE.- El Defensor del Pueblo es inviolable por las opiniones, resoluciones y recomendaciones que emita en el ejercicio de sus funciones.
Mientras dure su mandato, no podrá ser enjuiciado, acusado, perseguido, detenido o multado por los actos que realice en el ejercicio de las atribuciones propias de su cargo. En caso de la comisión de delitos, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 118 atribución 6ta. de la Constitución Política del Estado, previa autorización del Congreso Nacional, mediante resolución fundamentada y adoptada por dos tercios de votos del total de sus miembros.
La correspondencia dirigida al Defensor del Pueblo y sus comunicaciones son inviolables y no podrán ser objeto de censura alguna. Quienes contravengan esta disposición serán pasibles de las sanciones previstas en el Código Penal.
CAPITULO III
ATRIBUCIONES
Artículo 11. ATRIBUCIONES.- El Defensor del Pueblo tiene las siguientes atribuciones:
1. Interponer, conforme establece la Constitución Política del Estado en su artículo 129, Recursos de Inconstitucionalidad, Directo de Nulidad, de Amparo y Habeas Corpus, sin necesidad de mandato.
2. Investigar y denunciar, de oficio o como consecuencia de una queja, los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos humanos, de las garantías, derechos individuales y colectivos establecidos en la Constitución Política del Estado, leyes, tratados y convenios internacionales aprobados por el Estado Boliviano.
3. Solicitar a las autoridades y servidores públicos información relativa al objeto de sus investigaciones sin que éstas puedan oponer reserva alguna.
4. Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias para la adopción de correctivos y medidas, a todos los órganos de la administración pública, al Consejo de la Judicatura o la Fiscalía General de la Nación cuando los hechos se relacionen a la administración de justicia o constituyan delito.
5. Proponer modificaciones a Leyes, Decretos y Resoluciones no judiciales, relativas a los derechos humanos.
6. El Defensor del Pueblo deberá vigilar la situación de las personas privadas de libertad, para velar por el respeto de los límites de la detención. Para este efecto, y para fines de registro el Defensor del Pueblo deberá ser informado por escrito de todo arresto, apresamiento o detención que se realiza en el territorio nacional.
7. Recomendar al Poder Ejecutivo la suscripción de tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos y su aprobación al Poder Legislativo.
8. Tener libre acceso a los centros de detención, reclusión, internamiento y confinamiento sin que pueda oponérsele objeción alguna.
9. Velar por el respeto de la naturaleza multiétnica y pluricultural del Estado boliviano y promover la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas y originarios del país.
10. Promover y recomendar en sus actuaciones la observancia a las Convenciones y Tratados Internacionales relativos a los Derechos Humanos de la Mujer.
11. Ejercer sus funciones sin interrupción de ninguna naturaleza, aún en caso de declaratoria de estado de sitio.
12. Solicitar a cualquier dependencia de la administración pública la declaratoria en comisión de funcionarios técnicos, cuyos servicios, específicos y temporales, sean requeridos por el Defensor del Pueblo.
13. Diseñar, elaborar, ejecutar y supervisar programas para la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos, así como establecer mecanismos de coordinación con organismos gubernamentales y no gubernamentales para estos efectos.
14. Velar por los derechos y deberes fundamentales de las personas en el ámbito militar y policial.
15. Gestionar convenios de cooperación técnica o financiera con organizaciones nacionales e internacionales.
16. Elaborar los reglamentos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
CAPITULO IV
CESE DE FUNCIONES Y SUSTITUCIÓN
Artículo 12. CESE.- El Defensor del Pueblo cesará en sus funciones por las siguientes causas :
a) Por renuncia. b) Por cumplimiento de su mandato. c) Por muerte d) Incapacidad permanente y absoluta sobreviniente. e) Por sentencia penal condenatoria ejecutoriada. f) Por situaciones de incompatibilidad previstas en la presente Ley.
Artículo 13. PROCEDIMIENTO PARA LA SUSTITUCIÓN.- El Congreso Nacional declarará la vacancia del cargo en los casos a), b), c), d), y f) del artículo anterior.
En tanto el Congreso Nacional no proceda a una nueva designación, desempeñarán el cargo, interinamente, los Delegados Adjuntos del Defensor del Pueblo por su orden. Para esta designación el Defensor del Pueblo debe garantizar igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
Una vez determinado el cese de funciones, se iniciará el procedimiento para el nombramiento de un nuevo Defensor del Pueblo en un plazo no mayor a treinta días.
TITULO III
DELEGADOS ADJUNTOS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
CAPITULO I
DE LOS ADJUNTOS
Artículo 14. DELEGADOS ADJUNTOS .-
I. El titular del Defensor del Pueblo estará asistido en el desempeño de sus funciones por tres Delegados Adjuntos, de igual jerarquía, denominados Adjunto Primero, Segundo y tercero respectivamente, en los que podrá delegar funciones, quienes lo sustituirán por su orden en el caso de ausencia temporal o cesación.
II. Los Delegados Adjuntos por el tiempo que ejerzan las funciones de Defensor del Pueblo gozarán de las prerrogativas que la ley le otorga a éste.
III. Los Delegados Adjuntos cumplirán sus funciones en él ámbito nacional y en las áreas y comisiones que les competen de acuerdo con el Reglamento Interno.
Artículo 15. DESIGNACION Y REMOCIÓN.- La designación o remoción de los Delegados Adjuntos son facultades del titular del Defensor del Pueblo, las mismas que deberán ser ratificadas por la Cámara de Senadores.
RUBEN ORLANDO ALEJO CONDE
DERECHO NATURAL
Artículo 16. REQUISITOS E INCOMPATIBILIDADES.- Para ser designado Delegado Adjunto se requiere tener los mismos requisitos exigidos para Defensor del Pueblo.
Los Delegados Adjuntos estarán sujetos a las mismas incompatibilidades establecidas por el artículo 9 de la presente Ley.
Artículo 17. INVIOLABILIDAD.- Los Delegados Adjuntos no podrán ser enjuiciados, detenidos o perseguidos por las opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones.
TITULO IV
DE LA INVESTIGACION, DE LAS QUEJAS, OBLIGACION DE COLABORACION, CONFIDENCIALIDAD, RESPONSABILIDAD, DOCUMENTOS RESERVADOS , RESOLUCIONES Y NOTIFICACIONES
CAPITULO I
INVESTIGACIÓN
Artículo 18. INICIO DE LA INVESTIGACIÓN.- El Defensor del Pueblo iniciará, de oficio o como consecuencia de una queja, las investigaciones referidas a las atribuciones que le otorga la presente Ley.
CAPITULO II
DE LAS QUEJAS
Artículo 19. LEGITIMACIÓN PARA FORMULAR QUEJAS .- Toda persona natural o jurídica que se sienta afectada por actos y procedimientos administrativos arbitrarios, violaciones de derechos humanos u otros actos ilegales, podrá presentar quejas al Defensor del Pueblo, sin impedimento de ninguna naturaleza.
Artículo 20. FORMA DE PRESENTACION DE LAS QUEJAS.- Las quejas podrán ser presentadas en forma escrita o verbal, sin necesidad de patrocinio de abogado. En caso de presentación verbal de la queja, deberá labrarse un acta circunstanciada. Cuando la queja no se formule en idioma castellano, el Defensor del Pueblo proveerá traductor.
A petición de parte y cuando corresponda, el Defensor del Pueblo dispondrá la reserva de la identidad de quien planteó la queja.
Artículo 21. PLAZO.- Toda queja presentada al Defensor del Pueblo deberá efectuarse en el plazo máximo de un año, a partir del momento en que el denunciante tuviera conocimiento de los hechos u omisiones que motivan la queja.
Las quejas planteadas al Defensor del Pueblo no interrumpen los plazos para interponer los recursos administrativos o acciones judiciales previstos por el ordenamiento jurídico.
Sin embargo, en casos extraordinarios y calificada por el Defensor del Pueblo y sus adjuntos, podrá considerar reclamaciones sobre hechos anteriores al año de su producción.
Artículo 22. TRAMITACIÓN DE LA QUEJA.- El Defensor del Pueblo registrará la queja y en un plazo no mayor a siete días hábiles, comunicará al interesado sobre su admisión o rechazo.
Artículo 23. ADMISIÓN DE LA QUEJA .- Si la queja es admitida, promoverá la investigación en la forma que establezca el Reglamento y requerirá al funcionario, organismo o entidad pertinente que en un tiempo no mayor a diez días se le remita un informe escrito.
Este plazo puede ser ampliado cuando, a juicio del Defensor del Pueblo, concurran circunstancias que así lo justifiquen.
Artículo 24. RECHAZO DE LA QUEJA.- El Defensor del Pueblo podrá rechazar una queja :
1. Cuando advirtiera mala fe, carencia de fundamentos reales o inexistencia de indicios. 2. Cuando la queja planteada se refiere a un asunto pendiente de resolución judicial. 3. Cuando su tramitación implique perjuicio al legítimo derecho de terceras personas. 4. Cuando la queja sea contra personas particulares, que estén fuera del ámbito y competencia de la presente Ley. 5. Cuando la queja sea planteada fuera de término. 6. Cuando la queja provenga de un anónimo.
CAPITULO III
OBLIGACIONES DE COLABORACIÓN, CONFIDENCIALIDAD Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD
Artículo 25. OBLIGACIÓN DE COLABORACIÓN.- Todos los Poderes del Estado, autoridades, funcionarios y las personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos, colaborarán con carácter obligatorio, urgente y de manera inmediata al Defensor del Pueblo en sus investigaciones.
El Defensor del Pueblo o sus Delegados Adjuntos podrán apersonarse a cualquier dependencia administrativa para obtener información para el adecuado ejercicio de sus funciones, no pudiendo negárseles el acceso a ningún expediente o documentación que se encuentre relacionado con la actividad o servicio objeto de la investigación.
Artículo 26. RATIFICACION ESCRITA.- Si la información fuera prestada en forma verbal, el Defensor del Pueblo podrá solicitar la ratificación por escrito, la que deberá ser evacuada dentro del plazo de diez días.
Artículo 27. RESPONSABILIDAD FUNCIONARIA .- Cuando los actos u omisiones de una autoridad o servidor publico impidan, dificulten o entorpezcan el ejercicio legítimo de las funciones del Defensor del Pueblo y éstos constituyan delito, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para su procesamiento de acuerdo a Ley.
Cuando estos actos u omisiones sean resultado de la negligencia funcionaria, serán considerados faltas graves, debiendo ser sancionados por el órgano competente al efecto.
Artículo 28. CONFIDENCIALIDAD .- Las actuaciones del Defensor del Pueblo o del personal dependiente del mismo, se desarrollarán dentro de la más absoluta reserva mientras no concluya la investigación, sin perjuicio de las consideraciones que el Defensor encuentre oportuno incluir en su informe ante el Congreso.
La información que en el curso de una investigación aporte un funcionario a través de su testimonio personal, tendrá el carácter de confidencial y reservada.
CAPITULO IV
DOCUMENTOS RESERVADOS
Artículo 29. DOCUMENTOS RESERVADOS .- El Defensor del Pueblo podrá solicitar a los poderes públicos los documentos con carácter secreto o reservado. El Presidente de la República y los Ministros de Estado podrán negar la remisión de dichos documentos, en cuyo caso se acompañará una certificación que acredite la negativa.
Cuando el Defensor del Pueblo entienda que un documento declarado secreto o reservado y no remitido por la administración pueda afectar en forma decisiva a los resultados de la investigación, pondrá el hecho en conocimiento del Congreso Nacional .
RUBEN ORLANDO ALEJO CONDE
DERECHO NATURAL
CAPITULO V
RESOLUCIONES Y NOTIFICACIÓN
Artículo 30. RESOLUCIONES.-
I. Concluida la investigación, el Defensor del Pueblo emitirá sus decisiones mediante resoluciones motivadas y fundamentadas. Éstas adoptarán las formas de recomendaciones o recordatorios de deberes legales.
II. Las recomendaciones procederán en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de la rectificación, modificación, inmediata cesación de la violación y la restitución de los derechos conculcados, emergentes de la comprobación del caso.
2. Cuando se trate de la iniciación de acciones legales.
3. Cuando se trate de la rectificación de una norma, cuya aplicación provoque situaciones injustas y perjuicios.
III. Los recordatorios de deberes legales procederán cuando la conducta de la autoridad o servidor público constituya infracción o falta, por acción, omisión o exceso en el ejercicio de sus atribuciones.
Cuando la investigación no haya podido comprobar los hechos denunciados, el Defensor del Pueblo ordenará su archivo.
En los casos en que las quejas estuvieran relacionadas a violaciones a los derechos humanos de las mujeres, las resoluciones del Defensor del Pueblo se regirán, además, por la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y otros tratados internacionales que protejan los derechos humanos de las mujeres.
Artículo 31. NOTIFICACIÓN.- La Resolución se notificará a los interesados, al funcionario responsable, al órgano administrativo afectado y a la autoridad superior o dependencia correspondiente, adjuntando los antecedentes del caso.
Las autoridades y servidores públicos están obligados a responder por escrito en referencia al cumplimiento de la resolución notificada. Ésta deberá ser realizada en el plazo máximo de diez días computables desde su notificación.
El Defensor del Pueblo pondrá en conocimiento del interesado esta respuesta.
Si en el plazo máximo de 30 días de haberse notificado la resolución, no se adoptaran acciones concordantes con ésta, el Defensor del Pueblo pondrá en conocimiento de la autoridad administrativa superior de la institución los antecedentes del caso.
Si ésta autoridad, en el plazo de 10 días no adopta medidas adecuadas, el Defensor del Pueblo informará de inmediato al Congreso Nacional, con mención de nombres de los responsables, sin perjuicio de recomendar a las autoridades competentes, el inicio de las acciones legales que corresponda.
Cuando las Resoluciones se refieran a empresas privadas que presten servicios públicos, el Defensor del Pueblo formulará recomendaciones a las autoridades competentes por Ley.
Artículo. 32. INVESTIGACION DE OFICIO.- Cuando la investigación de un hecho sea de oficio se observará, en cuanto sea pertinente, el procedimiento de la queja previsto en el presente Título.
TITULO V
INFORMES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
CAPITULO I
INFORMES AL CONGRESO
Artículo 33. INFORMES ORDINARIOS .- El Defensor del Pueblo dará cuenta de sus actos al Congreso Nacional en informe anual escrito, el que incluirá sus resoluciones y el estado de ejecución del presupuesto.
El informe será presentado antes de la conclusión de cada legislatura, y dentro de los treinta días siguientes a su presentación, realizará exposición oral del mismo.
Asimismo, cualesquiera de las Comisiones Camarales podrán convocarlo en relación al ejercicio de sus funciones.
Artículo 34. INFORMES ESPECIALES.- El Defensor del Pueblo, como producto de sus investigaciones, podrá elaborar informes sobre temas específicos.
El informe Anual y en su caso los informes especiales serán publicados. Asimismo serán publicadas las sugerencias y recomendaciones del Defensor del Pueblo al Congreso Nacional .
TITULO VI
ORGANIZACIÓN Y RECURSOS ECONOMICOS
CAPITULO I
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Artículo 35. PERSONAL .- El Defensor del Pueblo dispondrá de un Secretario General y del personal técnico y administrativo que establezca su Reglamento interno.
La designación y remoción del Secretario General y del personal administrativo, son facultades privativas del titular del Defensor del Pueblo.
El Secretario General ejercerá funciones de coordinación, administrativa, de servicios y otros que determine el Reglamento.
CAPITULO II
RECURSOS ECONÓMICOS
Artículo 36. PRESUPUESTO .- La Institución del Defensor del Pueblo tendrá un Presupuesto anual independiente para su funcionamiento, el cual será incorporado en el Presupuesto Consolidado del Poder Legislativo.
La elaboración, administración y ejecución del Presupuesto son de responsabilidad del Defensor del Pueblo, conforme a lo establecido por la Ley del Sistema de Administración Fiscal y Control Gubernamental.
Artículo 37. OTROS RECURSOS.- Además de la partida presupuestaria asignada por el Tesoro General de la Nación, forman parte del presupuesto del Defensor del Pueblo, las donaciones y legados de acuerdo a ley que provengan de personas u organizaciones nacionales o internacionales.
Estos recursos también están sujetos a control fiscal.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA .- El Defensor del Pueblo será designado y posesionado por el Congreso Nacional, dentro del período de sesiones ordinarias de la presente legislatura.
SEGUNDA.- La presente ley entrará en vigencia plena 180 días después de la posesión del titular del Defensor del Pueblo.
TERCERA.- El titular del Defensor del Pueblo percibirá la misma remuneración acordada para los Diputados Nacionales.
CUARTA.- El Reglamento Interno de organización y funcionamiento del Defensor del Pueblo será elaborado por su titular y ratificado por la H. Cámara de Senadores, en el plazo de sesenta días a partir de su designación .
QUINTA .- El Tesoro General de la Nación asignará las partidas presupuestarias necesarias para el funcionamiento del Defensor del Pueblo, con cargo al presupuesto adicional, dentro del presupuesto consolidado del Poder Legislativo.
Pase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los diecisiete días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete años.
Fdo. Walter Guiteras, Hormando Vaca Diez Vaca Diez, Gonzalo Molina Ossio, Rubén E. Poma Rojas, Guido Roca Villavicencio, Gonzalo Aguirre Villafán.
Por tanto la promulgo para que se tenga y cumpla como ley de la República.
Palacio de Gobierno de la ciudad de la Paz a los veintidós días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete años.
FDO: HUGO BANZER SUAREZ, Carlos Iturralde Ballivián, Guido Nayar Parada, Ana María Cortez de Soriano.
RUBEN ORLANDO ALEJO CONDE
DERECHO NATURAL
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